Menores Infractores
Un fracaso de la sociedad.
Los menores infractores son claramente un síntoma de nuestro fracaso como sociedad. En contra de lo que podría pensarse, el número de menores que sobrepasan los límites es mucho más elevado de lo que creemos. Es precisamente esa especial protección de la que gozan los menores la que de alguna forma “enmascara” esta percepción. Y los menores infractores no sólo aparecen en entornos desfavorecidos o familias desestructuradas.
Necesidad de referentes adecuados
Una premisa básica que podemos mencionar, sin temor a equivocarnos, es que en la medida que estemos cerca de nuestros hijos, tendremos una información más real de lo que les sucede, lo que sienten y lo que hay a su alrededor. Por tanto, cuando por desgracia los menores pierden el referente de sus padres, cuando se producen problemas en el colegio y cuando se hace un mal uso de las tecnologías, las probabilidades de que los menores busquen vías de escape alternativas son muy altas. El riesgo de superar los límites establecidos por la ley se transforma en una realidad más que evidente.
El consumo abusivo de alcohol los fines de semana, el contacto con las drogas, el uso de vehículos a motor bajo sus efectos (ciclomotores, microcoches y turismos en caso de mayores de edad), pueden suponer serios problemas no sólo para la salud de los alumnos, sino también problemas de carácter legal con consecuencias devastadoras para ellos dependiendo de si se trata de menores imputables o no. También los actos de violencia contra las personas (compañeros o profesores) y violencia contra las cosas (instalaciones y material del colegio) suponen un verdadero quebradero de cabeza para los centros.
Responsabilidad civil
Se hace necesario saber cómo actuar en todos estos supuestos; conocer si se puede o no presentar una reclamación por daños causados por los menores a las dependencias del centro; saber cómo actuar frente a agresiones a los profesores, más allá de lo dispuesto en las normas de convivencia del centro; y tener clara la responsabilidad del centro escolar ante el consumo y trapicheo de drogas dentro de sus instalaciones o en los alrededores del centro.
Relación con la Policía y la Fiscalía.
Además, este tipo de situaciones requieren de un claro conocimiento sobre las obligaciones de los centros escolares en relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las Policías Locales y también con la Fiscalía. Como ejemplo podemos citar cuestiones relativas la obligación de los centros escolares de facilitar datos personales de los alumnos a la Policía Nacional; la obligación de permitir la detención de los mismos durante la jornada escolar y otras situaciones de este tipo, tan complejas y traumáticas para el centro y para los alumnos; sanciones en materia de botellón, etc.
Lamentablemente los casos más graves de acoso escolar, de inadecuado uso de las nuevas tecnologías, de agresiones al profesorado, de consumo y tráfico de drogas, pueden terminar por dirimirse en el ámbito judicial. Esto supone que si hay una sentencia condenatoria para el menor o menores causantes del daño, éstos adquieren la condición de menores infractores con las consecuencias que ello supone: medidas judiciales, reparación del daño causado, incluso, el internamiento en centros especializados por tiempo determinado. Y, en muchos de los casos, también puede derivarse para el centro escolar una responsabilidad civil importante.